Mecanismo de protección a periodistas: las dudas que rondan

El Diario de Juárez dio a conocer, el pasado 25 de octubre, un video escalofriante. Un hombre esposado, sentado frente a una cámara y rodeado de un comando armado y vestido con ropa militar, respondía a las preguntas que lanzaba alguno de los individuos encapuchados que lo acompañaban en la imagen. Allí, frente a la cámara, el hombre confesó --si acaso puede decirse eso-- que su hermana, la ex procuradora de Chihuahua, Patricia Rodríguez, estaba involucrada en asesinatos de periodistas, entre ellos, el de Armando Ramírez, El Choco. Más allá de las reservas que debe despertar una confesión en tales circunstancias y aun cuando hay evidencias en el pasado que involucran al hermanos de la ex funcionario con el narcotráfico --documentas por el propio Diario de Juárez--, este episodio sirve para advertir lo que enfrentará en el corto plazo el mecanismo de protección de periodistas que prepara la Secretaría de Gobernación y que, hasta donde sabemos, estaría a punto de presentar, pues el propio Felipe Calderón se comprometió a lanzarlo en octubre (lo hizo frente a la delegación de la SIP y el CPJ que lo visitaron en septiembre pasado).
El problema, y ahora lo vemos, es que ese mecanismo se funda sobre terreno minado: la confianza en las autoridades, que los periodistas amenazados confíen su seguridad, y en algunos casos su vida, a autoridades de distintos niveles que, hasta ahora, sólo han mostrado incapacidad y desidia frente a los crímenes contra periodistas y medios, cuando no son ellas mismas las involucradas en los casos de agresiones.
No hay confianza. Ni en la capacidad de investigación de las autoridades, y mucho menos de protección. Y no sólo por la larga lista de agresiones de las que son responsables policías, militares, autoridades civiles --allí los informes de las organizaciones de defensa de libertad de expresión para comprobarlo (CEPET, Artículo XIX-Cencos, CPJ, RSF, SIP)--, sino por su probada connivencia con bandas criminales. ¿Sobre qué terreno fundar entonces la confianza, rota hoy, para impulsar un mecanismo de protección que goce del respaldo de los periodistas?
El video que muestra al hermano de la ex procuradora de Chihuahua es apenas un ejemplo de lo que puede venir al investigar en serio las agresiones a la prensa: funcionarios de todos los niveles involucrados en casos graves de violencia contra periodistas y medios. ¿Habrá voluntad y decisión de actuar contra ellos, de aplicar la ley en un país donde la impunidad es la regla frente al delito?
Hemos asumido hasta ahora que los crímenes más graves contra los periodistas provienen de los poderes ilegales, de los narcotraficantes, y no hay que descartarlo, por supuesto. Pero ¿quién nos asegura que en estos casos no hay autoridades involucradas si a final de cuentas son los poderes "formales" los más afectados frente al ejercicio de vigilancia que significa el periodismo y una prensa libre de miedo, amenazas y tentaciones de corrupción de toda índole?
Son muchas las dudas y las reservas que despierta en las organizaciones de defensa de la libertad de expresión el mecanismo de protección a periodistas. Hay cuestionamientos en torno de su diseño, de su aplicación, de su propio diseño que, en los hechos, ha dejado fuera a los principales involucrados: los periodistas, aunque habrá que decir que algunos ni siquiera consideran la posibilidad de involucrarse: paradojas de este gremio, que ha pugnado por protección y, al renunciar a la participar, deja en manos de las autoridades su propia seguridad. O peor, la responsabilidad de vigilar, en favor de sus propios intereses, la operación de este experimentos que, tal parece, zarpará con viento en contra. Pero estos son argumentos aparte, secundarios si se quiere, porque el origen de cualquier medida que se ponga en marcha en México para proteger a los periodistas deberá fundarse, obligadamente, en el esfuerzo por reconstruir la confianza hacia las autoridades. Bien podrían comenzar por demostrar su disposición a investigar, revertir la impunidad y castigar a cualquier funcionario y servidor público involucrado en actos de violencia contra la prensa en México.
Mientras tanto, al menos yo, me reservo mi voto de confianza para un mecanismo que apenas conocemos...