A pesar de los escandalosos números de los dos últimos años, la violencia contra periodistas y medios de comunicación no es asunto que destaque particularmente en las agendas legislativas de los tres principales grupos parlamentarios en el Congreso (PAN, PRD y PRI).
Luego de revisar sus agendas para este periodo ordinario de sesiones, encontramos los siguientes párrafos, por ahí perdidos en su larga lista de buenas intenciones.
No agrego comentarios porque la propia redacción de las agendas partidistas exhibe y proyecta la preocupación de los legisladores federales —diputados y senadores— por la situación de la libertad de expresión en el país y por la seguridad de los medios y periodistas.
La fracción del PAN en la Cámara de Diputados promete: “Proteger la integridad y permitir el libre desarrollo de la labor informativa de los periodistas y demás trabajadores de los medios de comunicación”.
En el Senado ese partido ni se ocupa del tema, mientras el PRI se propone apoyar “la iniciativa de Ley de Periodismo de Alto Riesgo, para que las agresiones a periodistas sean delitos del orden federal, los periodistas puedan solicitar protección en casos de amenaza a su integridad y salvaguardar el derecho al secreto profesional”.
En la Cámara de Diputados el Revolucionario Institucional soslaya el tema, lo mismo que el PRD en el Senado.
En San Lázaro, no obstante, se compromete a “impulsar reformas al artículo 73 Constitucional para otorgar a las autoridades federales facultades para conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexión con delitos federales; o cuando por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, trasciendan el ámbito de las entidades federativas, sobre todo en casos relacionados al secuestro”.
Así las cosas. Éstas son las preocupaciones de los legisladores federales en materia de libertad de expresión, en un país donde nueve periodistas fueron asesinados en 2010 y se contaron aproximadamente 140 agresiones, de acuerdo con las cifras del más reciente informe del Centro de Periodismo y Ética Pública, que hoy miércoles 2 de marzo presentará en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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