viernes, 12 de noviembre de 2010

Redes sociales, periodismo y derecho a la información*

Comenzaré con una anécdota: Había una vez un diario, que por equivocación publicó un trascendido no comprobado ni verificado que resultó falso. Ese trascendido se lanzó a las redes sociales, recorrió el espacio de Twitter, se multiplicó y, por supuesto, levantó reacciones. Como afectaba a un popular político, sus seguidores y simpatizantes, que son muchos en la red, se dieron a la tarea de comprobar esa información y, por supuesto, corregirla. La reacción y acción de los twitteros obligó a ese diario a rectificar y aun ofrecer disculpas incluso en su medio impreso... Caso inédito en la prensa nacional. Si alguna sospecha tenía, en ese momento supe que a Twitter había que tomarlo en serio. Que en el universo de los 140 caracteres se había gestado algo que yo al menos, como periodista, no había alcanzado a observar hasta entonces: un germen salvajemente puro de opinión pública activa, una bola de ciudadanos atentos y dispuestos a tirar por tierra las distancias que los separan de los medios convencionales y los nombres de peso. Ciudadanos que quizá, sin proponérselo, se han convertido en observadores rigurosos, y a veces críticos rijosos, de lo que los periodistas y medios publican. No todos, claro, hay a quienes les basta con seguir, con mirar de lejos, con compartir un poco de fama intercambiando amables twitts con las estrellas de todos los ámbitos. Se vale. Y esa es la regla, si cabe describirla de alguna manera: en las redes sociales todo se vale, menos ofender a la mala. Por lo demás, los periodistas, los políticos, los famosos del mundo del espectáculo o el deporte hemos ido acostumbrándonos a los trolls, a las know out que nos dejan en el suelo y nos hacen levantarnos con un poco más de claridad sobre la dinámica de las redes sociales. Nos han enseñado a ser más cuidadosos respecto de lo que publicamos y cómo nos manejamos en redes sociales. Y no obstante, falta mucho por hacer y por aprender. Y lo digo desde la sociedad civil, la política y desde los medios. Hasta ahora, siguen siendo pocos los reporteros, que no los opinadores, involucrados en el mundo de las redes sociales desde la orilla de su oficio. No hay en los medios estrategias de colaboración con los usuarios, o son muy pocos quienes las han ensayado. Por lo tanto, no han abierto un espacio para la información en tiempo real en redes sociales, quizá por inseguridad, pues lo que se lanza a la red, difícilmente podrá corregirse, lo cual obliga, a diferencia de lo que muchos opinan, a ser más riguroso con la información. Todavía en los medios, por ejemplo, no hemos creado la figura del social media editor, no hay estrategias rigurosas y profesionales de difusión y aun producción de información a partir de redes sociales. Tampoco se ha abierto una discusión real sobre las responsabilidades éticas y profesionales de los periodistas en el manejo de sus cuentas en redes sociales o de la relación que debe prevalecer en éstas con su medio. Y me preocupan todos estos temas porque soy, lo confieso, una férrea defensora de la utilidad del periodismo formal, por llamarlo de algún modo, respecto del periodismo ciudadano. No se confundan, lo respeto, lo defiendo y hasta lo promuevo, pero el periodismo formalmente hablando tiene mucho que enseñar y hay mucho que respetarle. Los dos caben, cada uno con sus características propias y aun creo que deben incluso alimentarse. Pero el periodismo es el periodismo.
De los políticos, ni hablar. En esta carrera me parecen los más retrasados, tan poco acostumbrados a la crítica y la interacción constante. No se han dado cuenta que las redes sociales no son la inserción pagada y oculta en los medios impresos, que no alcanza con su nombre y con sus “atractivas” actividades diarias si no se asumen como lo que son: personajes públicos sujetos a crítica y observación.
Por otra parte creo que la sociedad civil organizada aun no saca provecho como debiera de las redes sociales. No veo una actividad constante, difusión de información, posicionamientos, colocación de sus temas en la agenda. Creo que la sociedad civil está desperdiciando una oportunidad invaluable en ese sentido y lo digo como consumidora de información y como seguidora y simpatizante de algunas causas. Porque las redes sociales, lo confieso, me han dado la oportunidad de ejercer mi derecho a la no objetividad, a expresar mi simpatías y mis malestares como ciudadana y periodista. Soy tal cual me leen en twitter, aunque como periodista aplico la regla de oro del hecho por encima de la opinión, el dato por encima de la especulación, el respeto siempre y el equilibrio. Allí donde hay una voz en contra siempre debe estar la voz a favor. Allí donde hay una acusación debe haber una defensa. Allí donde hay indicios de mentira, se debe buscar la verdad. Y todo aderezado siempre con los valores de la ética que dota al periodismo y al periodista de dignidad. Todo eso debe estar, obligadamente, en la actividad de los periodistas en las redes sociales. Y más allí, porque en el universo de los 140 caracteres no hay espacio suficiente para esconder lo que somos. Bienvenida la tierra de nadie de las redes sociales, donde todos estamos a la vista y al alcance, donde todos somos iguales, sin importar el número de followers.
Y de parte del movimiento #losqueremosvivos, quiero decir gracias, porque de las redes sociales emergió el tema silenciado de la violencia contra periodistas, y porque a través de ellas, de los ciudadanos, hemos podido romper silencios. Hay que agradecer y saber reconocer, desde el periodismo, el valiosísimo aporte de los ciudadanos, que han dotado de información a los medios y los periodistas, allí donde no estamos o no llegamos o nos han sacado y silenciado. Tamaulipas, por ejemplo. Sólo les pido a los ciudadanos que no dejen de vigilarnos, que no dejen de exhibirnos en nuestros errores y excesos. Así como el poder obliga a una prensa vigilante, así la prensa necesita de ciudadanos vigilantes... El ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la información es responsabilidad de todos. Gracias!
*Ponencia leída en el Foro Experiencias de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a través de las tecnologías digitales de la información.

martes, 26 de octubre de 2010

Mecanismo de protección a periodistas: las dudas que rondan

El Diario de Juárez dio a conocer, el pasado 25 de octubre, un video escalofriante. Un hombre esposado, sentado frente a una cámara y rodeado de un comando armado y vestido con ropa militar, respondía a las preguntas que lanzaba alguno de los individuos encapuchados que lo acompañaban en la imagen. Allí, frente a la cámara, el hombre confesó --si acaso puede decirse eso-- que su hermana, la ex procuradora de Chihuahua, Patricia Rodríguez, estaba involucrada en asesinatos de periodistas, entre ellos, el de Armando Ramírez, El Choco. Más allá de las reservas que debe despertar una confesión en tales circunstancias y aun cuando hay evidencias en el pasado que involucran al hermanos de la ex funcionario con el narcotráfico --documentas por el propio Diario de Juárez--, este episodio sirve para advertir lo que enfrentará en el corto plazo el mecanismo de protección de periodistas que prepara la Secretaría de Gobernación y que, hasta donde sabemos, estaría a punto de presentar, pues el propio Felipe Calderón se comprometió a lanzarlo en octubre (lo hizo frente a la delegación de la SIP y el CPJ que lo visitaron en septiembre pasado).
El problema, y ahora lo vemos, es que ese mecanismo se funda sobre terreno minado: la confianza en las autoridades, que los periodistas amenazados confíen su seguridad, y en algunos casos su vida, a autoridades de distintos niveles que, hasta ahora, sólo han mostrado incapacidad y desidia frente a los crímenes contra periodistas y medios, cuando no son ellas mismas las involucradas en los casos de agresiones.
No hay confianza. Ni en la capacidad de investigación de las autoridades, y mucho menos de protección. Y no sólo por la larga lista de agresiones de las que son responsables policías, militares, autoridades civiles --allí los informes de las organizaciones de defensa de libertad de expresión para comprobarlo (CEPET, Artículo XIX-Cencos, CPJ, RSF, SIP)--, sino por su probada connivencia con bandas criminales. ¿Sobre qué terreno fundar entonces la confianza, rota hoy, para impulsar un mecanismo de protección que goce del respaldo de los periodistas?
El video que muestra al hermano de la ex procuradora de Chihuahua es apenas un ejemplo de lo que puede venir al investigar en serio las agresiones a la prensa: funcionarios de todos los niveles involucrados en casos graves de violencia contra periodistas y medios. ¿Habrá voluntad y decisión de actuar contra ellos, de aplicar la ley en un país donde la impunidad es la regla frente al delito?
Hemos asumido hasta ahora que los crímenes más graves contra los periodistas provienen de los poderes ilegales, de los narcotraficantes, y no hay que descartarlo, por supuesto. Pero ¿quién nos asegura que en estos casos no hay autoridades involucradas si a final de cuentas son los poderes "formales" los más afectados frente al ejercicio de vigilancia que significa el periodismo y una prensa libre de miedo, amenazas y tentaciones de corrupción de toda índole?
Son muchas las dudas y las reservas que despierta en las organizaciones de defensa de la libertad de expresión el mecanismo de protección a periodistas. Hay cuestionamientos en torno de su diseño, de su aplicación, de su propio diseño que, en los hechos, ha dejado fuera a los principales involucrados: los periodistas, aunque habrá que decir que algunos ni siquiera consideran la posibilidad de involucrarse: paradojas de este gremio, que ha pugnado por protección y, al renunciar a la participar, deja en manos de las autoridades su propia seguridad. O peor, la responsabilidad de vigilar, en favor de sus propios intereses, la operación de este experimentos que, tal parece, zarpará con viento en contra. Pero estos son argumentos aparte, secundarios si se quiere, porque el origen de cualquier medida que se ponga en marcha en México para proteger a los periodistas deberá fundarse, obligadamente, en el esfuerzo por reconstruir la confianza hacia las autoridades. Bien podrían comenzar por demostrar su disposición a investigar, revertir la impunidad y castigar a cualquier funcionario y servidor público involucrado en actos de violencia contra la prensa en México.
Mientras tanto, al menos yo, me reservo mi voto de confianza para un mecanismo que apenas conocemos...        
   
      
 
 

miércoles, 22 de septiembre de 2010

¿El silencio como protocolo de seguridad?

*Texto publicado en el Blog de Nexos

La violencia lo ha arañado todo. Hasta los pudores de la prensa, que hasta hace unos meses no hablaba de sí misma ni en defensa propia –y valga el lugar común en toda su literalidad. Hoy las circunstancias han cambiado. La prensa, los periodistas, los medios, son noticia de sí mismos. De la frase tan común en las redacciones, que justificaba ignorar al otro, a la competencia, bajo la sentencia de “perro no come carne de perro”, hemos pasado a la atención mutua. A veces en tono solidario, otras para descalificar o denostar. Como sea, las constantes agresiones de que son objeto los periodistas y sus medios, sobre todo en los estados, han obligado a que volvamos la vista hacia nosotros y hablemos los unos de los otros, como buena familia disfuncional que ha sido la prensa mexicana.
En eso estamos. En el intercambio de desprecios o de solidaridades tímidas que apenas alcanzan para arropar a periodistas y medios cercados por la violencia, las agresiones y amenazas del crimen organizado y aun de la autoridad, pues hay que recordar que a estas alturas se cuentan por cientos los episodios de agresiones a periodistas, y que la mayoría proviene precisamente de las autoridades. Como no ha habido castigo para ellas, tampoco lo ha habido para los delincuentes, estos cada vez más impunes, cada vez más violentos. De ello pueden dar cuenta los periodistas de Juárez, donde han muerto al menos diez en la última década. Dos de ellos trabajadores de la misma empresa, El Diario, el periódico más importante de esa ciudad donde la muerte se pasea con armas largas. A uno lo asesinaron en 2008 y a otro hace apenas unos días. Sobre los cuerpos de ambos se lanzaron sospechas antes que flores y hasta ahora, al menos en el caso de Armando, El Choco, no sabemos nada de las investigaciones ni de los responsables de su muerte. Luis Carlos ni siquiera conoció el ejercicio profesional y, sin embargo, ya pesa el descrédito sobre su tumba.
Con el luto prolongado por la impunidad, El Diario rompió con las buenas maneras de la prensa en su relación con el poder. Ese editorial, del que tanto se ha hablado, proyecta en toda su dimensión los días de bala y silencio que atraviesan los medios en muchas ciudades del país. Sorprende, sí, que un periódico reconozca públicamente como interlocutor al crimen organizado, que de dirija abiertamente a él para garantizar la vida de sus reporteros y fotógrafos en las calles. Pero no deben sorprendernos sus motivos, porque en los estados más asolados por la violencia, los medios han debido negociar con el crimen organizado, de una forma u otra, ante la falta de condiciones de seguridad para su labor y, lo que es peor, de confianza en las autoridades. ¿Acaso no lo hicieron Televisa y Milenio TV al transmitir las imágenes que exigieron los secuestradores de sus camarógrafos y reporteros a cambio de respetar su vida? ¿Acaso no tuvieron que someterse los periódicos de Zacatecas ante los grupos que los amenazaron? ¿Cuántos casos habrá como éstos en el país? Sabemos de muchos. De medios que han adoptado el silencio como “protocolo” de seguridad y se han replegado a las “reglas no escritas” de la delincuencia que manda en sus pequeñas ciudades.
Lo que sucede en Juárez, en cambio, es atípico, como todo lo que allí ocurre, porque hay que reconocer que en esa ciudad, la más violenta del país, la prensa ha cumplido, aun a pesar de la cuota de sangre. El Diario no ha hecho más que evidenciar lo que ya ocurre en muchas regiones del país, a costa de la salud democrática, porque en su indolencia, en su negligencia, las autoridades han permitido que el crimen gane terreno en los medios, expulsando los temas ciudadanos. Y no obstante los riesgos, el gobierno ha elegido confrontar, descalificar, y a final de cuentas dejar sola a la prensa frente al crimen. Sobre todo a los medios de los estados, que salvan como pueden su integridad, mientras los grandes medios nacionales se deciden a enfrentar, de cara a los ciudadanos, los riesgos que acechan cada vez más cerca la libertad de expresión y el derecho a la información.
No sabemos lo que vendrá en adelante, pero la experiencia ya nos avisa que nada bueno, si no actuamos juntos de una vez por todas.