Los motivos de la protesta

Sin siglas, sin nombres ni tutores, los periodistas mexicanos lanzaron el pasado jueves una convocatoria inédita: salgamos a las calles a exigir: "los queremos vivos"... Queremos de vuelta a los compañeros secuestrados el pasado 26 de julio, cuya vida pende del capricho de sus captores. Fueron "levantados" como botín de negociación: a cambio de que las televisoras en que trabajan difundieran un video por televisión local y renunciaran a la cobertura de uno de los episodios más escandalosos en la trama de crimen organizado que a diario deja sin aliento a los mexicanos: el control que los internos mantenían en el Cereso 2 de Gómez Palacio, Durango, que les permitía incluso salir por las noches a asesinar. Un escándalo más de los muchos que se arrebatan el espacio en las planas de los periódicos, cada día.

Allí estaban Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa, reportero de Televisa México, y Óscar Solís, del diario El Vespertino. Estaba allí porque su trabajo se los exige, porque son periodistas, porque cumplen con su labor. Y de vuelta a casa fueron secuestrados, "levantados", decimos ya en México.

Uno de ellos --esperamos que dos a estas horas, según las versiones no confirmadas-- ya fue liberado. Los otros siguen en poder de los secuestradores.

Su caso, como no había ocurrido antes, conmovió al gremio periodístico mexicano, que cuenta más de 60 compañeros muertos y al menos once desparecidos desde 2006, entre ellos una mujer, Esther Aguilar, quien trabajaba para El Diario de Zamora.

Si no son los primeros, entonces ¿qué hizo que su secuestro se convirtiera en resorte de protesta? Primero, la evidencia incuestionable de que fueron blanco del crimen por su labor. Segundo, el hartazgo ante la violencia de que son objeto, y tercero, quizá, un sentimiento compartido de indefensión y ofensas añejas.

Hay quienes leen esta manifestación de repudio a las agresiones contra periodistas, como una consecuencia de los medios en que trabajaban nuestros compañeros: Televisa y Multimedios. El primero, lo sabemos, el gigante de las comunicaciones; el segundo, más pequeño pero no menos influyente en México. Ambos, de dimensiones nacionales, de modo que la repercusión rompió la frontera local, que deja en el olvido muchos casos como estos.

En esta ocasión, incluso, dos de los opinadores más importantes en cada una de esas empresas sacó la cara por sus reporteros, por los secuestrados, aunque antes ya habían tenido entre sus periodistas a víctimas de la violencia. Muertos, incluso. Pero en aquellos casos hubo un halo de duda sobre las razones de las agresiones y los asesinatos: eran periodistas, pero quién sabe en qué estaban metidos (siempre esa versión que corroe la dignidad de una víctima, y pero cuando se trata de un periodista, pues son las mismas autoridades responsables de aclarar los casos, quienes recurren a ella para justificar la impunidad).

En aquellas ocasiones, las empresas y sus directivos, callaron. Nunca exigieron públicamente el esclarecimientos de esos casos, los olvidaron, los arrumbaron. Ahora, en cambio, comprobado el hecho de que los camarógrafos y periodistas cumplían con su labor informativa, salieron a dar la cara por ellos. A exigir.  Además, ya no se trató de una "desaparición" más, sino de un secuestro en el que se pidió a cambio que se doblegaran, que aceptaran condiciones del crimen organizado. Esas podrán ser las razones que llevaron a las empresas a denunciar el hecho. Pero no son --o quizá sólo en parte-- las razones de los reporteros que han levantado la voz. Primero en Twitter con la camapaña #losqueremosvivos y ahora en la convocatoria de una marcha como hacía muchos años no se veía en México.

Los periodistas de calle, los de a pie, los reporteros, queremos salir para exigir la libertad de nuestros compañeros, para expresar nuestro repudio a la violencia de la que somos objeto, para exigir condiciones para la labor informativa, para pedir el esclarecimiento de todos los crímenes, de todos los asesinatos y las desapariciones. Para marcarle un alto a la impunidad.

Pero también queremos salir a dar la cara, a que nos vean de frente. A que la sociedad nos conozca. Queremos salir porque ya no estamos dispuestos a contar muertos y desaparecidos en silencio. Porque hay razones que abultaron las cifras de nuestras víctimas y que no sólo pueden atribuirse al crimen.

Hoy los reporteros no sólo exigimos seguridad del gobierno, la garantía de respeto a los derechos de libertad de expresión y de información para todos los mexicanos. También pedimos responsabilidad compartida: de las empresas para las que trabajamos, de las autoridades que alimentan la impunidad con incapacidad, indolencia y desgano; de la sociedad civil que ha dejado solos a los periodistas y a olvidado a aquellos desaparecidos, y de los mismos periodistas que han asumido y aceptado el silencio y la invisibilidad, a cambio de nada.

Hoy, duele decirlo, a ojos de la sociedad poco respeto merecen los reporteros. Son, acaso, el último eslabón de una cadena que los hace aparecer como prescindibles frente a las herramientas de la tecnología y oferta en masa de información on line. Son, acaso, los que colocan una grabadora frente a la voz de un declarante de rutina. Son la mano de obra más barata del mercado laboral de la información y son, ahora, carne de cañón para el espectáculo de la violencia.

Culpa compartida, admitámoslo, hemos desprestigiado nuestra profesión ante los favores del poder; hemos olvidado a los ciudadanos, sus causas y sus preocupaciones, a falta de ánimo para salir a las calles a encontrarnos con ellos. Nos hemos dejado engañar por sirenas que nos prometen estabilidad laboral a cambio de la obediente constancia, esa que lleva al destajo el arte de la noticia.

A muchos convienen esos personajes grises, invisibles. Convienen su miedo y su silencio. Conviene su conformidad. Al poder, al crimen, les conviene una prensa débil y ya incapaz de mirar, de escudriñar, de preguntar. Pero no conviene a los ciudadanos ni a la democracia. No conviene a un país que se quiere mejor.

Por todo eso, quizá, muchos reporteros, periodistas, saldrán el próximo 7 de agosto a las calles, se concentrarán en el Ángel de la Independencia y marcharán hacia algún rumbo.

Esos, tal vez, son los motivos de la protesta. O sólo quiero imaginar que lo son...                    

¿Dónde se nos quedó la (cláusula de) conciencia?*

Me invitaron esta mañana a hablar sobre la cláusula de conciencia. Al principio, pensé, pero qué voy a decir yo sobre la cláusula de conciencia si no soy abogada ni especialista en los términos más estrictos del derecho a la información. Soy, como muchos de los que están aquí, una reportera, una editora, pero no una profesional calificada para hablar sobre tema tan espinoso como complicado. Pero entonces caí en cuenta: yo, como muchos de quienes trabajamos en los medios de comunicación, hemos renunciado –por indolencia, ignorancia o pura desidia-- a un derecho fundamental de nuestra labor periodística, que acompaña, viste y protege nada menos que nuestra ética profesional y nuestra responsabilidad de informar de manera justa, equilibrada y ajena a intereses de otra índole que los estrictamente periodísticos, en beneficio de los ciudadanos. 
Para vergüenza mía, tuve que aceptar que, con todo lo que me importa mi profesión, mi oficio, había dejado de la lado una reflexión obligada y una batalla urgente: que en los magros derechos laborales de que gozamos los periodistas se incluya, algún día, la cláusula de conciencia.
Confrontada con mi ignorancia, no pude más que investigar de qué se trataba en realidad este terminajo que de vez en nunca aparece en boca de los periodistas. Encontré, por ejemplo, que se trata de "una norma legal que hace vinculantes el contrato de trabajo de los periodistas con los fines propios de los medios de comunicación en los cuales prestan sus servicios y con los principios éticos profesionales". Sinceramente, no entendí. Por fortuna siempre hay quien traduce para legos. Y entonces comprendí que la cláusula de conciencia es, nada menos, que el derecho de todo periodista a salvaguardar su dignidad y ética, frente a los intereses de los medios de comunicación en que se emplea. Lo ejemplifico así:
Gracias a la cláusula de conciencia.
1.- El periodista puede proceder a la rescisión de su contrato, cuando el medio de comunicación en que trabaja cambia de orientación ideológica.
2.- Puede negarse a que se ponga su firma en un texto del que es autor y que haya sido modificado por la jefatura, bien a través de introducir ideas nuevas, o suprimir algún concepto original.
3.- Puede negarse a realizar o firmar artículos que vayan contra su propia conciencia; y
muy importante
4.- Él mismo --el periodista-- está obligado a no violar, bajo ninguna circunstancia, las normas éticas, faltando deliberadamente a la verdad, deformando los hechos o recibiendo dinero o cualquier tipo de gratificación a cambio de la alteración de una noticia, ni contrariar los fines de la empresa que se comprometió a respetar.
O sea que la clásula de conciencia actúa no sólo en favor de los periodistas, sino también de los medios que confían en quienes contratan.
Me pareció justo. Los malos periodistas pueden causar daños irreparables no sólo a la imagen propia o de su medio sino, peor todavía, a los ciudadanos que consumen su información, confiando en su actuación ética y responsable. Nadie que traiciona esos principios merece que lo llamen periodista, ni merece tener el privilegio de producir y difundir información.
El tema, no lo pueden negar, se pone interesante en la medida en que pensamos en sus implicaciones para el ejercicio periodístico.
Sonreía en tanto avanzaba en las lecturas, pensando en la aplicación de la cláusula de conciencia en México y, por supuesto, dudé de su viabilidad. ¿Qué medio en México se atrevería a agregar en el contrato este “mecanismo”? ¿Pero acaso hay en el mundo alguna legislación que la aplique? Y sí, las hay. Supe entonces que ya desde 1898 se ha impuesto en los contratos de los periodistas profesionales en Austria, que posteriormente se aplicó en Francia en su ley laboral, y que a partir de 1978 se incorporó como precepto constitucional en la legislación española.
(Me llamó particularmente la atención el caso de El País, que en su Libro de estilo de 1990 incluye: “Ningún miembro de la Redacción estar obligado a firmar aquellos trabajos que, habiéndole sido encomendados o que, realizados por propia iniciativa, hayan sufrido alteraciones de fondo que no sean resultado de un acuerdo previo. Las normas de estilo no podrán ser fundamento para invocar la cláusula de conciencia. Ni dichas normas de estilo ni las modificaciones en los sistemas de trabajo podrán alterar el contenido de este Estatuto. Artículo 7: Cuando dos tercios de la Redacción consideren que una posición editorial de El País vulnera su dignidad o su imagen profesional, podrán exponer a través del periódico, en el plazo m s breve posible, su opinión discrepante.)
Chile también la ha incorporado en sus leyes de libertad de expresión y derecho a la información, aunque a la fecha ninguna empresa la ha adoptado. Pero allí está, esperando su ejercicio.
La legislación laboral francesa dispone que el periodista tiene derecho a la indemnización por rescisión del contrato de trabajo, cuando a pesar de que él sea el que promueva el rompimiento de dicho contrato, invoque al hacerlo que tal ruptura del compromiso es debido a un cambio notable en el carácter u orientación del periódico y que ese cambio le supone una situación que atenta contra su honor, su reputación, o de manera general contra sus intereses morales.
En México, en 2009 el entonces diputado Gerardo Priego, presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, presentó una iniciativa para incorporar la cláusula de conciencia a la Constitución.
Dijo entonces: "Los periodistas podrán negarse a realizar actividades informativas contrarias a los principios éticos y profesionales del periodismo o a sus convicciones personales en cuestiones religiosas o filosóficas, sin que puedan sufrir ningún tipo de perjuicio por su negativa o resistencia justificadas", explica el legislador por Tabasco. Esto es, que no lo puedan correr.
Su intención fue llevar la Cláusula de Conciencia a la Constitución para permitir la rescisión de la relación jurídica contractual con la empresa editora, en los supuestos de cambio sustancial y objetivo en la orientación informativa o línea ideológica, o en caso de modificación de las condiciones de trabajo, que suponga un perjuicio grave para la integridad profesional y ética del informador.
"Es importante destacar que esta regulación permite no sólo la rescisión unilateral del contrato laboral ante un cambio ideológico y editorial radical de la empresa informativa, cuestión que difícilmente se produce en términos absolutos en la práctica, sino que reconoce un efectivo derecho del informador sobre el contenido y la forma de la información que elabora".
Su iniciativa, como es fácil imaginar, debió quedar arrumbada en algún cajón de San Lázaro, si no en el cesto de basura, pues que diputado ha mostrado hasta ahora la intención, ya no digamos compromiso, de involucrarse en temas de la prensa y mucho menos de sus condiciones laborales y de los factores que permitirían el fortalecimiento de los derechos que acompañan esta práctica.
para sorpresa mía, encontré también que en la legislación que rige la operación de la agencia estatal de noticias Notimex, hay un apartado dedicado a la CLAUSULA DE CONCIENCIA, que la describe como el derecho de los periodistas a negarse, mediante la expresión escrita de sus motivos, a participar en la elaboración de informaciones que, a su juicio, son contrarias a los principios rectores de la agencia, y que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su funcion profesional.
En su artículo 8, se asienta además que “la ley, con apego a lo establecido en el artículo 7o. de la Constitucion Política, y a efecto de garantizar que la sociedad satisfaga su derecho a la información, reconoce como derechos de los periodistas oponibles frente a la agencia, el secreto profesional y la cláusula de conciencia. el ejercicio de estos derechos en ningún caso ameritara la imposición de sanciones en el ámbito de aplicación de este ordenamiento jurídico. Los periodistas a quienes la agencia viole su derecho al ejercicio de la cláusula de conciencia podrán poner fin unilateralmente a la relacion contractual que los vincule con aquella, percibiendo una indemnizacion que, en ningun caso, será inferior a la que les correspondería en caso de despido injustificado.
Allí están los ejemplos, y allí las diferencias que hacen a la prensa pilar de democracia o lastre de ésta. En adelante, como periodista, no podré invocar mi derecho a la libertad de expresión ni defender el derecho a la información de la sociedad sin exigir, a quien corresponda, integrar la clásula de conciencia en las leyes mexicana. Y tampoco, comprometerme con lo que ello implica. 
*Ponencia presentada en foro sobre Libertad de Expresión, que organizaron la Comisión de Derechos Humanos del DF y la Asamblea Legislativa

Día de la Libertad de Prensa*

Día de la Libertad de Prensa

Para Mónica González, periodista de una pieza y ejemplo de Periodistas de a Pie

Frente a las circunstancias que actualmente enfrentan periodistas, fotoperiodistas y hasta voceadores en casi todos los estados del país, qué alivio saber que hoy nos reunimos en la Ciudad de México para reflexionar, que no celebrar, el Día de la Libertad de Prensa. 

Esta ciudad, para desgracia del país, se ha convertido en un pequeño territorio de refugio para los periodistas. Una burbuja, creemos algunos, segura pero frágil en el escenario nacional. Por el momento, a esta capital llegan en su huida muchos de los compañeros obligados a salir de sus estados por amenazas y violencia. Ahí está el caso de periodistas de Guerrero y Morelos, amenazados –ya no sabemos por quién-- y obligados a abandonar  su vida, su labor en los momentos que su sociedad más los necesita. Conocemos el caso de Tamaulipas, donde siguen desaparecidos periodistas secuestrados entre finales de febrero y principios de marzo. O de Veracruz, donde seguimos sin noticias de Evaristo Ortega. 

El mapa de la agresiones se amplía cada vez más y sobra una nueva geografía nacional: el silencio. En regiones enteras de este país la prensa ha debido y dicidido renunciar a su labor, a su responsabilidad social, a falta de condiciones para llevar adelante el periodismo, a costa del sacrificio de un derecho indispensable en los tiempos que corren: el derecho a la información. Este país, sin periodistas que de verdad lo sean, corre el riesgo de perder sus ojos y sus oídos, caer en la trampa que sacrifica derechos ciudadanos por seguridad. Algunos de esos periodistas en riesgo, los afortunados que pueden escapar del peligro, vienen a esta ciudad arropados más por la densidad demográfica que por la solidaridad y conciencia de gremio.

No obstante las bondades que puede ofrecer al periodismo esta Ciudad de México,  capital capital del país, asiento y tránsito de 20 millones de mexicanos, aquí también hay pendientes para la prensa.

Comienzo con la TRANSPARENCIA: La cultura de la transparencia no es todavía un terreno ganado. Es más, retrocede frente a la tradición autoritaria de la política mexicana, que siempre busca la manera de alejar de los ojos ciudadanos información indispensable para cortar las cabezas de la impunidad y la corrupción en todos los ámbitos. Los informes y expedientes judiciales son un ejemplo. En el país, gobiernos y políticos han confeccionado leyes e institutos de transparencia a modo, para impedir que la información fluya, que la prensa acceda a ella. Y la corrupción se ampara en esas sombras.

Es fácil advertir las razones que han hecho tan difícil el tránsito de los mexicanos hacia una sociedad de la transparencia. Nadie en México estaba acostumbrado a rendir cuentas y todavía son pocos los periodistas que las piden. 

El IFAI y el Info DF son aún aliados ajenos para la mayoría de la prensa, que muy poco recurre a ellos. Mejor para los gobiernos que, curándose en salud, todavía se valen de cuanto pueden para enterrar información que debía ser pública, a menos que involucre la seguridad y la integridad de las personas, pero no de los gobiernos. Los gobiernos no tienen derecho a la privacidad porque están obligados a rendir cuentas a quienes los eligieron para representarlos, es decir, a los ciudadanos. Sin embargo, en un sistema político tan poco acostumbrado a abrirse de capa frente a los ciudadanos, todavía hay mucho que avanzar para derribar los “pudores” del poder. Pero que nos quede claro: la transparencia no vendrá nunca de la mano del poder, no es su esencia ni su tradición. Esa labor toca a la prensa y a los ciudadanos. Y más a la primera, que tiene como mandato de profesión ir tras todo aquello que el poder esconde.

PUBLICIDAD OFICIAL: Como en el ámbito federal, en los estados la publicidad para los medios sigue siendo un asunto atenazado por los vicios, las viejas prácticas y las torcidas relaciones entre la prensa y el poder. Hasta ahora, no ha habido un solo gobierno local en este país que se atreviera a dar el primer paso para reglamentar, transparentar, poner sobre la mesa el gasto y reparto de la publicidad –que por cierto no proviene de sus bolsillos, sino del presupuesto, esto es, del dinero de los ciudadanos. De modo que el tema no puede verse como un asunto de élite, un arreglo entre gobiernos en turno y empresas de medios. Es un tema público y como tal debe tratarse. Resolverlo no es cosa fácil. Sabemos de los intereses, las presiones, las componendas que rodean el gasto oficial de la publicidad. Aunque nadie lo admita sigue viva –más de lo que quisiéramos—aquella máxima por todos conocida: “No pago para que me peguen”. 

Por el lado de la prensa hay que admitir también las malas mañas, la práctica de “pegar para que paguen”. De modo que el círculo se cierra en estas costumbres --por llamarlas de algún modo-- en las que predominan dos actitudes principales: si no me das publicidad, te saco tus trapitos, en un uso faccioso de la información que no debería tener más inspiración que el interés público. Del otro lado, la lógica es: "como me pega, no le pago publicidad". Y así se alimenta un círculo vicioso que sólo logrará romperse, de nuevo, con la presión de medios con vocación democrática y aquí sí, con la voluntad política de un gobierno que entienda que la publicidad no es premio, sino garantía de pluralidad en la prensa. Y eso, sobre todo, lo esperamos de la izquierda. El tema es extenso y prefiero pasar a lo siguiente.

DERECHOS LABORALES: Otra vez el espacio federal en el que se pierden las responsabilidades locales. Otra vez la trampa en la que se debate el periodismo como una profesión de interés público que se ejerce desde el ámbito privado. Entonces, ¿a quién corresponde vigilar las garantías mínimas laborales de los periodistas? Sabemos que al gobierno federal corresponde la política laboral de este país, pero también sabemos que hay márgenes suficientes de actuación para favorecer condiciones de trabajo de los periodistas y quienes trabajan en los medios en esta ciudad. La lista de pendientes en la materia es larga y ya tan urgente que progresivamente va dejando atrás el halo de tabú.

Así como la violencia nos ha obligado a hablar de la falta de condiciones de seguridad para la prensa, así como de las malas prácticas periodísticas que persisten y ponen en riesgo la integridad de quienes incurren en ellas, así también las condiciones laborales poco a poco van tomando su lugar en la mesa de discusión, porque la seguridad en el empleo es al mismo tiempo seguridad en el ejercicio del periodismo. Para ello, sin embargo, los periodistas necesitaremos aliados dispuestos a dar la batalla en favor de una prensa profesional, fortalecida, con condiciones y retribuciones dignas para cumplir su labor y devolverle la dignidad. Los reporteros, sobre todo aquellos que trabajan en zonas de riesgo, necesitan seguridad. A cambio, deberán comprometerse socialmente a ser cada día mejores profesionales, deberán convencer a los ciudadanos de que merecen el reconocimiento que ahora es moneda de regateo, y a veces con razón. 

El nuestro no es un trabajo de ocho horas y cinco días a la semana, lo sabemos, y no por ello merece mejores condiciones que el resto de los trabajadores de este país. Se trata, simplemente, de que el periodista, el buen periodista, el buen reportero, aquel que forma parte de una prensa robusta y sana, siempre es garantía para el ejercicio de ciudadanía. Allí donde no hay una prensa sana, no hay democracia plena. 

En esta materia laboral preocupa la desprotección de los free lance, la falta de apoyo institucional para las mujeres trabajadoras de los medios, la ausencia de mecanismos que vigilen las condiciones laborales en los medios y las prácticas abusivas de este nuevo esquema multimedios que actualmente impera. Quizá podamos comenzar por establecer guarderías para las mujeres periodistas. Éste sería un buen principio, independiente de la voluntad federal.

UN PERIODISMO DE CIUDAD DE PRIMERA DIVISIÓN: Hace menos de 15 años, cuando esta ciudad era mero traspatio del poder federal, había apenas unas cuantas páginas de diarios dedicadas a los boletines que emitían –imagínense ustedes— las delegaciones y la regencia del Departamento del Distrito Federal. Ni pensar en una prensa de ciudad, en la profesionalización de los periodistas urbanos. Hoy, sin embargo, no hay pretexto. Ya tenemos detrás una historia de trabajo, de especialización: grandes crónicas, excelentes reportajes, entrevistas y notas que han pesando en las decisiones políticas. Es hora, por ello, de que la ciudad rescate su propia memoria periodística, que los reporteros de ciudad asuman con todo el orgullo la especialización en temas urbanos, que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y todas aquellas instancias interesadas en el tema abran los espacios para la profesionalización y capacitación continua de quienes cada día recorren las calles de esta ciudad en busca de sus historias, de sus noticias. Y, otra vez, toca a los reporteros, a los periodistas y fotoreporteros de la ciudad de México renovar su pacto con los ciudadanos, comprometerse con sus urgencias, sus problemas, sus demandas, pero rebasar los límites de la costumbre, de la práctica fácil que nos conforma con notas de denuncia, crónicas sin alma ni ambición, reportajes que llenan páginas pero cumplen con los estándares de la calidad periodística. Dejo sobre la mesa la propuesta de abrir ese espacio de estudio, reflexión, recuperación de la memoria periodística de esta ciudad, que debería además treparse ya a las novedades del periodismo ciudadano, a dispersar y difundir la cultura de la información, la práctica de este derecho y de la libre expresión. Para el periodismo no queda mucho de donde elegir. El único camino que tiene por delante para su supervivencia es la profesionalización, la distancia frente al poder y el acercamiento con los ciudadanos. Los periodistas de a pie caminan a lado de éstos, a una distancia sana del poder, quizá en paralelo, pero nunca por la misma ruta. Por eso, de un gobierno democrático esperamos respeto mutuo y condiciones institucionales para cumplir la responsabilidad social del periodismo. Pero toca nada más que a los periodistas devolverse a sí mismos el orgullo de este oficio.

Por último, los periodistas del país, de los estados donde la violencia ha generado silencio, requieren hoy más que nunca del respaldo de esta ciudad, de sus medios y compañeros de oficio. La organización, la participación, es más que nunca indispensable. Y no sólo para garantía de la seguridad de los periodistas, sino para asegurarle a este país y a sus ciudadanos, una prensa responsable, profesional y comprometida.

*Texto leído en el foro sobre libertad de expresión que organizó la Comisión de Derechos Humanos del DF.